Esta investigación se cerró el 16 de junio de 2017

La finca de Joaquín (quien por temor a represalias prefiere no revelar sus apellidos) está situada en Lucena del Puerto, un pequeño municipio de Huelva de unos 3.000 habitantes. Ingeniero de minas de 34 años que, tras terminar sus estudios y al ver que no conseguía trabajo para lo que se había preparado, decidió subirse al carro de la agricultura. Su terreno tiene cinco hectáreas, pocas si se compara con las de grandes explotaciones que rondan las 500, como Bionest, una empresa que lleva en el sector desde hace dos décadas. En ella cultiva arándanos, frambuesas y moras, todo de forma ecológica.  

Para regar sus cultivos reconoce que, como otros agricultores de la zona, tiene pozos ilegales. El más viejo fue construido a mano por su abuelo hace unos cuarenta años; es ancho y poco profundo, de unos tres metros. El segundo, que no tiene más de diez años, cuenta con paredes de cemento y obtiene el agua a unos 14 metros bajo tierra. Ambos beben del acuífero 27, que nutre el parque de Doñana. Por la parcela que su abuelo arrendó al ayuntamiento hace décadas paga un canon de 150 euros al mes.  

Los agricultores talaron árboles, allanaron el terreno y levantaron kilómetros de túneles de invernadero para sacar adelante la actividad agrícola en el entorno de Doñana, zona de montes y terrenos forestales. Todo con el objetivo de cultivar los frutos rojos que son el sustento de muchas familias de la comarca. Algunos lo hicieron con autorización, otros sin ella.

A su vez, cavaron pozos en la tierra y, con la ayuda de motores de bombeo y tuberías, extrajeron agua del subsuelo y la dirigieron hacia sus cultivos.

La última normativa que trató de poner orden sobre los terrenos en 2014 señaló a cinco municipios como los principales actores: Bonares, Rociana del Condado, Almonte, Moguer y Lucena del Puerto. Todo esto en una zona protegida como es el Parque Nacional y Natural de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994.

Documentos aportados por agricultores acreditan que el Ayuntamiento de Lucena del Puerto concedió licencias para construir pozos en zona protegida, pese a estar prohibido por el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD). La investigación realizada por este medio apunta a que no es el único ayuntamiento que ha actuado así. Por su parte, la Junta de Andalucía otorgó subvenciones europeas a través de la Política Agrícola Común (PAC) sin tener en cuenta si el uso que se hacía de esas tierras estaba permitido o si el agua se extraía con pozos no autorizados.

“Cumpliendo la ley, me quedaría sin nada aquí”, explica Joaquín. Se queja, como otros agricultores, de que las medidas con respecto al uso del suelo han puesto límites a la agricultura.

Una de las primeras regulaciones del Parque Natural, el Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana y su Entorno, limitaba ya en 1988 la expansión del terreno agrícola si se ponían en peligro los recursos del agua. Pero no fue hasta 2004, con el POTAD, cuando se definió verdaderamente qué es Doñana y los municipios que forman parte de su entorno. Trece en total, incluidos Bonares, Rociana del Condado, Almonte, Moguer y Lucena del Puerto.

El POTAD también clasificó la tierra en tres zonas según su valor medioambiental y nivel de protección: A, B y C. La transformación del suelo forestal y las captaciones de aguas subterráneas fueron prohibidas en la zona A, la más protegida.   

Aún así, tuvieron que pasar diez años para que se crease el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, con el objetivo de resolver el crecimiento incontrolado de las hectáreas de regadío y la proliferación de pozos que extraían agua del acuífero. Esta medida afectaba a los cinco municipios onubenses anteriormente mencionados.

El Plan reconoció unas 9.000 hectáreas como terrenos “regables” y el resto de cultivos pasaron a ser “no regables”. La Plataforma de Regadíos del Condado, un ‘lobby’ de agricultores que lucha para que la Junta reconsidere su clasificación inicial de usos de suelo, calculan que se quedaron fuera unas 3.000 hectáreas de cultivos. E informan de que se han presentado 1.800 alegaciones.

Los terrenos regables tienen derecho a solicitar agua superficial al organismo gestor de la cuenca hidrográfica que les corresponda -Guadalquivir o Guadiana-, mientras que los no regables deben ser devueltos a su estado original por parte de los agricultores. En Doñana, el organismo responsable es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

El reto de ordenar el territorio

La reordenación del suelo dio de lleno en la finca de Joaquín. La mitad de sus hectáreas, explica, han sido catalogadas como terreno forestal. “Pero ahí había eucaliptos”, reclama. El eucalipto, que en el pasado se plantó para hacer pasta de papel, se considera masa forestal. Aunque para él y otros agricultores sea un terreno agrícola, el cambio de uso sin autorización está prohibido por la ley forestal andaluza desde 1992.

Joaquín espera que la Junta de Andalucía revise la ley forestal para conseguir que su terreno sea regable. La otra mitad de su cultivo ha adquirido la condición de “cultivo de secano”, detalla. De modo que no está autorizado a plantar arándanos, frambuesas o moras, todos ellos de regadío, ni a solicitar agua superficial, ni a extraer agua del acuífero.

Mientras se preparaba el Plan, en el año 2010, la Consejería de Medio Ambiente contabilizó unas 923 hectáreas de Lucena del Puerto que fueron transformadas de uso forestal a agrícola, lo que suponía más del 90% del municipio. El texto desveló que en 3.000 hectáreas de terreno forestal, repartidas entre los cinco municipios, se instalaron cultivos de regadío.

Y no sólo se transformó el suelo. También se abrieron pozos de manera ilegal. De nuevo, destacó Lucena del Puerto, con 303 pozos ilegales en 2010. Le seguían Bonares (295), Rociana del Condado (177), Almonte (47) y Moguer (30).

Entre los cinco municipios sumaban 850 pozos, extracciones que no contaban con el permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Además, el Ayuntamiento de Lucena del Puerto otorgó licencias para construir nuevos pozos pese a que no estaba permitido por el POTAD.

La investigación realizada apunta a que éste no fue el único ayuntamiento que actuó de esta forma. Este medio intentó contactar con el resto de consistorios de la zona sin obtener respuesta. Ante este escenario, la Comisión Europea llamó la atención a España, el pasado año, con un dictamen motivado en el que le solicitaba que emprendiera acciones reales para frenar esta situación.

“De los dos pozos que tengo, para el de boca ancha -el más antiguo- no he solicitado nada porque lleva ya hecho 40 ó 50 años. En cambio, el otro se hizo en 2004 y presenté una solicitud de legalización”. Su autorización fue denegada. La CHG, encargada de conceder la extracción de agua, se ha negado en repetidas ocasiones a hablar con nosotros y ha derivado su portavocía al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que al del cierre de esta investigación no ha puesto fecha para realizar una entrevista.

Las consecuencias de la extracción de agua se notan. Los informes del Ministerio de Medio Ambiente y del Instituto Geológico Minero de España (IGME) indican que el nivel de agua del subsuelo -el nivel freático- está bajando cada vez más. Tres de las cinco masas de agua subterráneas de la zona se encuentran en “mal estado cuantitativo”, según este documento sobre el estado de los acuíferos de Doñana.

Al manto de agua sobre el que se asienta Doñana se le conoce como el acuífero 27, un conjunto de aguas subterráneas que afloran al exterior y forman pequeñas lagunas, arroyos y marismas. Pero hay lagunas que ya se han secado por completo. Otras están en camino, como la de Santa Olalla, en el municipio de Almonte. El escenario es peor que el que dibujó la sequía que asoló la zona entre 1991 y 1995.

Joaquín asegura estar harto de esta situación. Tiene claro que quiere agua legal. “No quiero tener la preocupación de que me digan ‘tú no estás haciendo esto bien’. Sacar agua de un pozo me cuesta dinero. Cada vez hay menos y es mala. Con lo bonito que es tener una llave que tenga presión. Abres la llave y siempre hay agua”.

Critica que la Administración haya incentivado la agricultura con subvenciones durante tantos años y ahora les responsabilice de la situación del Parque de Doñana. “La Junta ha ayudado a los agricultores en la compra de invernaderos, plásticos, tractores, maquinaria agrícola, sistemas de riego, tuberías... Lleva dando ayudas para el tema agrícola durante muchos años”, asevera.

Acampados frente a la Delegación de Medio Ambiente

Como Joaquín, decenas de agricultores decidieron aglutinarse en un ‘lobby’ llamado Plataforma de Regadíos del Condado. Llevan acampados desde principios de abril frente a la Delegación de Medio Ambiente de Huelva pidiendo que las 3.000 hectáreas de los cultivos ‘no regables’ que han calculado sean reconsideradas por la Junta y así, poder obtener agua superficial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Desde Consejería de Medio Ambiente comentan que aún están elaborando los datos sobre esta situación. “Hasta que no nos den por escrito esa regularización no nos vamos a levantar de ahí. Incluso vamos a subir las medidas de presión”, advierte Cristóbal Picón, presidente de la Plataforma.

Manuel Barroso, agricultor y vecino de Lucena del Puerto, cuenta que perdería nueve hectáreas de 20 si la Junta no reconsidera su situación. Su petición se suma a las 1.800 alegaciones que se han presentado a la administración a través de la Plataforma. “Aquí hay ilegales”, dice aludiendo a los agricultores que transformaron el terreno sin autorización. Algunas de estas acciones han sido perseguidas por la Fiscalía de Medio Ambiente y sobre varios agricultores pesan penas de prisión. “A ellos no les está defendiendo nadie”, reclama.

“Nosotros no estamos pidiendo que se nos dé agua gratuita, ni mucho menos”, dice Antonio Tirado, presidente de la cooperativa Onubafruit y uno de los manifestantes frente a la Delegación. “Pretendemos pagar las infraestructuras y el agua. No estamos pidiendo limosna”, explica.

Por ahora, los agricultores con terrenos reconocidos como ‘regables’ han cerrado más de 300 pozos, según datos de la Comunidad de Regantes del Fresno, encargada de gestionar el agua superficial entre los agricultores adscritos. Dos de ellos estaban en la finca de Antonio Ruesga, agricultor y concejal de Agricultura de Lucena del Puerto.

El cierre se produjo gracias al trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos desde la cuenca de Tinto, Odiel y Piedras, pasando por una balsa situada en Lucena del Puerto hacia los municipios afectados.

La aprobación de esta infraestructura que atraviesa de norte a sur la provincia de Huelva tuvo lugar en 2008, pero no fue hasta el año pasado cuando se terminó de construir y empezó a llegar agua a los solicitantes. Sin embargo, una Declaración de Impacto Ambiental -a la que no ha sido posible acceder, pero cuyo contenido han confirmado agricultores y autoridades-, ha bloqueado que llegue agua a las hectáreas que quedan, pese a que las tuberías ya están puestas y los regantes pagaron 6.000 euros por hectáreas. El precio de la construcción es de 20,5 millones de euros y está siendo costeada entre agricultores y fondos europeos FEDER.

“Este trasvase sólo permite regar unas 853 hectáreas de los cinco condados”, explica Ángel Gorostidi, presidente de Regantes del Fresno. El resto está aún pendiente de aprobación. Los cálculos de los agricultores indican que si se desbloquea el trasvase se cerrarán unos 130 pozos más.

Gorostidi asegura desconocer la cifra exacta de pozos cerrados y también la de los pozos ilegales que están esquilmando el acuífero: “En Moguer, unos 70 u 80 pozos. En Lucena, aproximadamente unos 300 y, en Bonares, unos 20 pozos”, aventura.

Como una de las soluciones a la extracción de agua del acuífero, desde el Gobierno han apostado por la compra de la finca ‘Los Mimbrales’ por un importe estimado de 50 millones de euros (se desconoce la cifra exacta de la compra, aunque el administrador de la finca asegura que el importe fue inferior) y la reubicación de los terrenos. Los agricultores denuncian que no hay espacio suficiente donde reubicarse y que si lo hubiese, allá donde vayan tendrían que empezar de cero.

Subvenciones europeas a terrenos no autorizados

Tanto el dueño como el encargado de la finca ‘Las Posadillas’, en Moguer, acabaron sentenciados a un año de prisión por haber transformado el terreno forestal en agrícola y haber levantado cultivos de fresas desde 2005 hasta 2008. El administrador de la empresa, Antonio, asegura que recibieron subvenciones por parte de la Junta de Andalucía. Recuerda que fueron en torno a los años 2007, 2009 y 2010. “Fueron para la modernización de las centrales hortofrutícolas, por ejemplo, para la mejora en el envasado, cámaras frigoríficas”. “Vienen técnicos de la Junta a hacer el acta de no inicio como el acta de la finalización de la inversión de forma exhaustiva y con mucho rigor”. A la pregunta sobre si la administración conocía los problemas que tenían con el agua y la tierra dice que “la Junta sabía los problemas que tenemos nosotros a nivel medioambiental”, explica.

Algo parecido dice Nicolás Morón, abogado de la finca ‘El Avispero’, cuyo dueño finalmente se ha librado de ir a la cárcel ya que su pena acaba de prescribir. “Esa finca ha tenido ayudas de las administraciones públicas, concretamente de la Junta de Andalucía, que ha gestionado fondos europeos”. “[La Junta] ha realizado decenas de inspecciones a tierras que ahora dice que no se pueden cultivar”, cuenta. Y puntualiza: “en los últimos años la administración está siendo muy escrupulosa en conceder ayudas a terrenos que no han sido certificados. Si no puedes acreditar que tu agua es legal no te conceden ningún tipo de ayuda. Pero en años anteriores no había ningún problema”.

Con la entrada en vigor del POTAD en 2004, la Consejería de Medio Ambiente realizó un inventario sobre los usos del suelo: forestal, de cítricos, de agricultura intensiva de regadío, de secano... Incluso se realizó un mapa sobre el terreno. Y aquí estaba expresamente prohibido transformar el terreno forestal y extraer agua del acuífero en zona A (forestal).

Sin embargo, a la hora de otorgar las subvenciones la Consejería de Agricultura no siempre tuvo en cuenta esta información. Documentos cedidos por agricultores indican que la Junta de Andalucía concedió subvenciones europeas a fincas forestales de pinos o eucaliptos que fueron transformadas en agrícolas -en concreto, pasaron a ser de cultivos bajo plástico- después de 2004 (acciones expresamente prohibidas en la normativa, según el artículo 46 del POTAD). En la actualidad, a estas fincas se las considera “no regables”. Y además, concedió ayudas a terrenos catalogados como forestales, tanto en 2004 como en 2007, pero que habían plantado cítricos, un cultivo agrícola.

A la hora de dar ayudas durante el periodo 2007-2013, los técnicos tuvieron en cuenta la información sobre el terreno recogida en el SIGPAC (Sistema de Información Gráfica de Parcelas Agrícolas), según explica Pablo Pineda, responsable de prensa de la Delegación de Agricultura de Huelva. Una herramienta puesta a disposición del agricultor para que conozca los límites de su parcela y pueda solicitar correctamente las subvenciones para sus cultivos. Este visor, que ha servido incluso como fuente de información para redactar el Plan Especial de la Fresa, se rige por los datos que cada agricultor declara sobre su parcela en el catastro e imágenes aéreas.

Preguntada la Consejería de Agricultura sobre quién se encarga de velar por la veracidad de la información, su encargado de prensa, Antonio Morente, responde que el agricultor es el responsable último de que la información registrada en el SIGPAC sea cierta.

“Para nada es incoherente que hayan recibido ayudas de la Consejería de Agricultura hasta la fecha”, justifica Pineda. “Hasta ahora -antes de la aprobación del Plan de la Fresa- si han recibido ayudas es porque tenían derecho a recibirla. Siguiendo el criterio del SIGPAC, si la parcela en concreto aparece como de regadío, tendrá acceso a las ayudas de riego sin problemas”, explica.

En sus palabras, la fecha decisiva para llevar a cabo el cruce de los datos es 2014. “A partir de 2014, en el cruce con la información del SIGPAC se ha tenido en cuenta a las parcelas que han quedado fuera de las ayudas de la inversión de riego”. A partir de ahora, explica, las parcelas que ya no son regables podrán acceder solo a las ayudas que se dan a cultivos de secano.

Su versión coincide con la de agricultores en cuanto las inspecciones sobre el terreno: “Toda ayuda tiene sus controles y sus inspecciones para confirmar esas inversiones”, dice. Lo mismo repiten desde la Consejería de Agricultura: “la Junta de Andalucía, a través de Servicios Centrales y Delegaciones Territoriales, hace una serie de controles para verificar que todo es correcto y emite el pago. Estos controles son administrativos, controles sobre el terreno, controles a posteriori, etc.”.

Preguntado sobre cómo es posible que esto sucediese cuando estaba prohibido cambiar el uso del suelo de forestal a agrícola y que se extrajese agua sin autorización previa, responde: “Esto ya no lo sé decir, porque el POTAD es de la Consejería de Medio Ambiente”.

Desde la Consejería de Agricultura, Antonio Morente recuerda que “la actividad agraria debe desarrollarse bajo los principios de legalidad”. Hasta el momento, ni Delegación ni Consejería de Medio Ambiente ni el Ministerio de Agricultura se ha pronunciado al respecto.

El número de beneficiarios de las subvenciones a terrenos que, hoy en día no son regables, se desconoce. Por un lado, no ha sido posible acceder al listado de afectados por el Plan de la Fresa ni tampoco al de personas con pozos ilegales. La Consejería de Agricultura ha facilitado la información de las subvenciones por municipios, pero ningún dato permite tener más información de los beneficiarios.

Pese a ello, la documentación aportada por los agricultores y confirmada por la Consejería de Agricultura permite saber que se han otorgado, al menos, tres tipos de ayudas provenientes de Programas de Desarrollo Rural y Programas y fondos Operativos. Las dos primeras son ayudas directas para la primera instalación del cultivo, dirigida a jóvenes agricultores, y para la mejora de los cultivos. La tercera corresponde a ayudas obtenidas de manera indirecta, a través de las OPFH (Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas), organismos encargados de distribuir las ayudas entre los socios que las conforman.

Estas ayudas son cofinanciadas por la propia Unión Europea y se legislan bajo el paraguas de la Política Agraria Común (PAC), cuyas directrices las marca la Unión Europea (UE) para hacer los productos más competitivos en el mercado europeo. Desde la oficina de la Comisión Europea en Madrid subrayan que las subvenciones de la PAC buscan apoyar una agricultura sostenible y “desde luego, de ningún modo, puede justificar un uso insostenible del agua”. “Es la responsabilidad en primer lugar de los estados controlar que se respete la normativa en este ámbito”, apuntan.

Con respecto a los datos obtenidos se sabe que de los cinco municipios afectados, Lucena del Puerto fue el que más dinero recibió en subvenciones para la primera instalación del cultivo en el periodo 2007-2013, marco de ayudas que corresponde al establecido por la UE. Y entre los cinco pueblos que más ayudas recibieron para las mejoras del cultivo y, a través de OPFH, Moguer, Almonte y Lucena del Puerto se turnaban los primeros puestos.

El fiscal de Medio Ambiente, Alfredo Flores, menciona una cierta “esquizofrenia de la administración”, pero insiste en que no es una excusa. Si hay delito debe ser perseguido.

“La junta ha dado multitud de subvenciones a la zona del Condado [los cinco municipios implicados] y, casualmente donde ha dado las subvenciones, años después viene y dice que no es zona cultivable”, lamenta Antonio Ruesga, agricultor y concejal de Agricultura de Lucena del Puerto.

Desde WWF denuncian la situación: “No puede ser que con fondos públicos de la PAC se le esté dando dinero a agricultores que incumplen la ley del agua. Es una falta de coordinación absoluta [...]. Ahí, la Unión Europea podría habernos tirado de las orejas bastante”, afirma el coordinador de Agua y Agricultura en Doñana, Felipe Fuentelsaz.

Al cierre de esta investigación no se han pronunciado al respecto ni el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ni la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

El control europeo

La Comisión Europea emitió en abril del año 2016 un dictamen motivado acusando a España de “no haber adoptado las medidas necesarias” para paliar tanto el deterioro del hábitat natural como el de las masas subterráneas. Señaló a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como una de las instituciones culpables de no haber incluido dentro de su Plan Hidrológico medidas para gestionar y controlar los recursos hídricos e indicó que el Plan de Ordenación de 2014 ni siquiera se había aplicado.

El tiempo para la Junta de Andalucía y el Gobierno de España empezó a correr en contra. Debían actuar en menos de dos meses, de lo contrario la Comisión Europea les llevaría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Desde la Comisión de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca confirman que han recibido respuesta por parte de España y que están evaluándola en estos momentos.

Por otro lado, la Unesco ha amenazado a España con incluir a Doñana en la lista negra de patrimonios en peligro. Su entrada o no está por determinar en este mes de junio. Aunque el Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, niega esta advertencia. “Determinadas asociaciones han estado interesadas en comentar esto, pero no es verdad”, afirma. Según su versión, Doñana pasó un examen hace un año y medio en el que la Unesco tan sólo hacía una serie de recomendaciones. “En ningún caso hasta la fecha se ha amenazado con incluir a Doñana en una lista con patrimonios en peligro”.

Desde que saben que los frutos rojos que compran pueden estar regados con agua ilegal, los mercados europeos ejercen presión para dejar de consumirlos. Empresas como Danone, Tesco, Sainsbury o Coca Cola se han agrupado en un ‘lobby’ conocido como ‘Plataforma Iniciativa Por una Agricultura Sostenible’ (SAI, por sus siglas en inglés).

Andy Mitchell, su portavoz, asegura que dejaron de contar con tres proveedores en cuanto supieron que estaban cultivando en terrenos ilegales. Su plan a largo plazo es reducir la compra de estos productos en España para orientarla hacia Portugal y Marruecos, e incluso utilizar “prácticas innovadoras en el Reino Unido durante el invierno”.

Si las intenciones de esta organización se hacen realidad, las consecuencias de una mala gestión en Doñana traspasarían las fronteras medioambientales y podrían acarrear importantes pérdidas económicas en un sector que vive desde hace años lo más parecido a una pesadilla por el agua.

Esta investigación se cerró el 16 de junio de 2017

Al padre de Juan se le queda mal cuerpo cada vez que su hijo le trae nuevas noticias sobre su finca. Hace tiempo, Diego Reales abría pozos cerca de los arroyos y con el agua que sacaba regaba los pimientos, las patatas, los tomates y las sandías para después, una vez maduros, venderlos en el mercado de Huelva ciudad. “Conozco el coto de Doñana desde que tengo 10 años”, recuerda. Después llegó la fresa y los pozos les ayudaron a regar. “Ahora nos quieren quitar el agua”, lamenta este anciano de 82 años. “En el coto de Doñana hay agua…”, comenta, frustrado.

Entre exclusión y exclusión, la familia Reales, que había pedido agua para sus siete hectáreas de cultivos, solo puede regar 12 metros cuadrados. La empresa Agroforestal Acebo ha sido la que ha ayudado a Reales y a otros 130 agricultores de la zona a hacer los cálculos.

La llegada de la fresa a Huelva se produjo alrededor de los 80 cuando los agricultores decidieron plantar esta perecedera fruta en sus huertos. Pasaron los años y la crisis económica de 2007, en lugar de amedrentarlos, les animó a unirse al carro de la agricultura.

Muchos como Juan dejaron de lado el mal trago de la burbuja inmobiliaria y de la construcción, y los cultivos se nutrieron tanto de veteranos como de jóvenes agricultores.

Aumentó la producción y empezaron a llegar trabajadores de otros países para rellenar puestos que los oriundos no ocupaban. En Huelva la producción fresera ha crecido un 15% en los últimos diez años. Esta provincia es el músculo que mueve toda esta industria: acaparó el 96% de toda la producción andaluza y más del 80% a nivel nacional en 2016. El principal mercado de la fresa no se encuentra en España, sino en Alemania, Reino Unido e Italia. Entre los tres, el año pasado consumieron 202.574 toneladas de fresas andaluzas. Huelva en solo un año produjo 350.000. Estos frutos se han convertido en el “oro rojo” para la zona. Con ellos, Andalucía generó por exportaciones 482 millones de euros, dejando en un lejano segundo lugar a la Comunidad Valenciana, que se llevó 55 millones.

Lo que no sabían los campesinos de aquella época era que por la fresa y sus hermanos pequeños -frambuesas, arándanos y moras- se desataría una guerra entre agricultores y administraciones. Y que la Comisión Europea, la Unesco y hasta los mercados, tirarían de las orejas a España por no hacer lo suficiente para evitar que se seque el acuífero sobre el que se sustenta la vida en el parque y se altere este valioso ecosistema.

Una lucha que ha calado a todos los niveles políticos -ayuntamientos, Junta de Andalucía, Gobierno de España y Comisión Europea- y que se ha desatado en un terreno protegido como es Doñana. Un santuario de la naturaleza declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994 por una Unesco que ahora amenaza con incluirla en la lista negra de lugares en peligro si no se toman medidas urgentes para mejorar la situación del acuífero.

Juan admite que tiene pozos para regar sus cultivos, no dice cuántos, pero se defiende: “Nosotros queremos que nos dejen traer el agua legalmente, yo no quiero agua del suelo. Ni yo ni nadie”.

Mientras padre e hijo explican su situación, el nieto va de un lado a otro de los cultivos subido a un tractor. El adolescente transporta las cajas con las frutas que saldrán a venderse a los mercados europeos. Una, dos, tres veces… va y viene en el camión. La máquina no para de rugir hasta que el joven ve a su padre y la detiene. Cruzan cuatro palabras entre ellos e inmediatamente vuelve a sonar… grrhh grrhh grrhh grrhh. “A nosotros [nos han dado] los planes de mejora y ayuda a jóvenes agricultores para estas tierras”, indica. “Lo que ha hecho ha sido incentivarlo, la Junta ha incentivado para que sembremos más, nos ha dado ayudas. Y ahora de pronto ya está, esto se cierra. ¿Y por qué?”, se pregunta.

Dice que no tiene miedo a que la Administración reclame el importe de las ayudas. “Tenemos más miedo a lo que pueda ocurrir si esto se pone muy serio”, apostilla. “La gente no se va a marchar así porque sí”, en referencia a los agricultores que acampan frente a la Delegación de Medio Ambiente de Huelva desde el pasado mes de abril. “Además si hubiera una razón… ¿pero a quién convence esto?”.

Sin suficiente agua para los cultivos

La nieta de Antonia se aburre. Está cansada de perseguir a su abuela mientras ella recoge fresas. De vez en cuando se agacha a coger unas pocas y las deposita en la bandeja de plástico. Tiene calor, quiere irse y se acaba sentando tras la sombra de unas cajas rojas. Entre las dos llenan unas siete bandejas de fresas.

Antonia cuenta que lucha por sus hijos y que por ella, poco. Y que no ha sido hasta hace dos o tres años cuando ha empezado a levantar cabeza. “Tengo que decirlo ya”, suelta. “La seguridad social te quema, los impuestos son horrorosos, no puedo más, no sé dónde vamos a llegar”.

Explica que compró 15 hectáreas y llamó a su finca ‘Cabeza redonda’, situada en la zona de Las Malvinas, en Moguer, y que hace dos o tres años cerró los pozos para que le llegase agua superficial (a través de la Comunidad de Regantes del Fresno). Pero ni con esas se ha solucionado el problema que tiene con el agua: “No tengo suficiente agua con la que me da la Comunidad de Regantes del Fresno”. Y por eso tiene una balsa autorizada, según sus palabras, para almacenarla en verano. Para ella los cultivos son como las personas y necesitan el doble de agua durante estos meses.

Desde el área de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Córdoba, investigadores del departamento han estado trabajando con agricultores de la zona durante cinco años en las campañas de fresas para determinar si necesitan más o menos agua que la establecida por el Plan Especial: 4.500 metros cúbicos por hectárea al año.

“Huelva tiene bastantes recursos hídricos”, asegura Membrillo, “más que un problema de agua es de ordenación del territorio. Si todas esas zonas estuvieran ordenadas quizás se les podría satisfacer las necesidades de agua de una manera más controlada”.

Para llegar a fin de mes sin deudas, Antonia tiene que hacer malabares. Su factura del agua ronda los 2.000 euros al mes y los rollos para los túneles de plástico los 3.000 (se reponen cada dos años). Eso unido a que el kilo de la fresa en el mercado triplica el precio original de venta, sólo le permiten mantenerse económicamente. “Hace una semana atrás estaba a 70 u 80 céntimos”. Desde su finca, la fresa viaja a la cooperativa y su valor se va encareciendo según va llegando al supermercado. Sólo a inicios de la campaña el precio de la fresa puede alcanzar una media de 4 euros el kilo. Y cuando el precio de la fresa está alto, los ladrones se abalanzan sobre las plantaciones.

“Normalmente se centran en una sola explotación”, explican desde ROCA, el grupo de la Guardia Civil nacido en 2013 que se encarga de vigilar los robos en el ámbito rural. “Incluso repiten si conocen la zona y saben dónde pueden aparcar y dejar ocultos los vehículos”, apuntan. En Huelva existen tres equipos de este organismo y desde que están aportando este servicio, cuentan, que el robo de fresas ha disminuido. “Siete u ocho veces me han robado”, cuenta Antonia, “en dos meses”. Termina la entrevista y su nieta se levanta como un relámpago. Le da la mano a su abuela y se dirigen hacia su hogar, oculta tras los cultivos.  

Esta investigación se cerró el 16 de junio de 2017

En el corazón de Doñana manda la naturaleza. El ser humano es expulsado a base de nubes de mosquitos y tábanos. De él, se alejan todas las aves en cuanto notan su presencia y el motor de algún que otro coche rompe el silencio en el que se sume la marisma. Agentes de conservación cuentan que en medio de la zona forestal no solo son los coches los que rompen esta perfecta armonía, también el ruido de las motosierras, que van cortando a mansalva los árboles. Relatan que, de un día para otro, los terrenos desaparecen y en menos que canta un gallo ya están plantando los cultivos.

A medida que se transformaba el suelo para levantar cultivos, los agentes de Medio Ambiente denunciaban estas situaciones en sus informes. Sus documentos abrieron expedientes en las oficinas de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de Huelva y desde aquí se decidía si sancionar o no la situación, en línea con las investigaciones que los técnicos realizaban para cada caso. Pero por muchos expedientes administrativos que se abrieran, no era suficiente para que estas acciones cesasen. Tampoco en la apertura de pozos. Porque el número de expedientes, 135 (entre 2009 y 2013), superó al número de solicitudes que recibió la Junta para transformar el terreno: nueve.

“La sanción administrativa es completamente insuficiente porque no cesan las conductas”, dice Alfredo Flores, fiscal de Medio Ambiente en Huelva desde 2005. “Esta vía administrativa para ellos era mejor porque en el peor de los casos pagaban y, en el mejor, caducaban los expedientes o ganaban los contenciosos”, señala. El fiscal denuncia que existía una “impunidad absoluta” hasta la llegada del POTAD, una normativa que permitió abordar la problemática desde el Código Penal, según explica. De modo que los expedientes, viajaban hasta la Fiscalía y de ahí a los juzgados. Hoy en día, las sanciones impuestas decretan de uno a dos años de prisión y van acompañadas de responsabilidades civiles como el desmantelamiento de la finca y la clausura de las balsas.

El caso más mediático hasta el momento ha sido el de la finca ‘El Avispero’, situada en Bonares, denunciado por Ecologistas en Acción . Dos de los administradores de la finca habían abierto pozos, arrancado eucaliptos, construido una balsa y una nave agrícola desde 2002 hasta 2005. El caso llegó al Tribunal Supremo.

Sobre la finca y sus administradores pesan dos sanciones. Una contra la ordenación del territorio y otra por extracción del agua. La primera acaba de prescribir, por lo que J.M.S, uno de los administrador de la finca, se ha librado de un año y seis meses de prisión.

El abogado de ‘El Avispero’, Nicolás Morón, reclama que se ordene el territorio y el uso del agua con el Código Penal en mano. “Convierten en delincuentes a personas que lo que hacen es trabajar y buscar un futuro para sus familias y para sus pueblos [...], a mí me parece un auténtico disparate”. Morón reconoce que durante muchos años la norma administrativa ha sido “insuficiente” para gestionar el problema.

En total, existen unos 2.500 pozos en los cinco municipios, según calculó la memoria del Plan de la Fresa. De ellos, al menos 852 son ilegales. La organización ecologista WWF eleva la cifra a más de 1.000 en su último informe. “No hay agua suficiente para mantener la biodiversidad en Doñana y mantener la actividad económica. El agua es el motor económico en Doñana”, asevera Felipe Fuentelsaz, portavoz de la organización en la zona. “Hemos contabilizado más de 1.700 balsas que almacenan agua, casi todas del acuífero, y más de 1000 pozos ilegales”, detalla. En su estudio denunciaron a la empresa Bionest, dedicada al cultivo de frutos rojos desde hace dos décadas, ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por supuestamente no tener la concesión para extraer aguas. Pese a los repetidos intentos, no ha habido respuesta a nuestras preguntas ni por parte de Bionest ni de la CHG.

WWF remitió un informe a la Fiscalía sobre los pozos ilegales en la zona. Desde entonces y hasta ahora, el organismo de Medio Ambiente ha abierto diferentes investigaciones gracias a la ayuda del Seprona trabajando sobre el terreno. Este grupo de la Guardia Civil, que trabaja en materia de conservación de la naturaleza y medio ambiente, prefiere no hacer declaraciones. Para hablar sobre su labor en la zona, desde la sección de prensa nos remiten a una noticia de ABC en la cuentan cómo el año pasado los agentes se toparon con 562 pozos y 146 balsas en explotaciones agrícolas.

Hasta la fecha, según datos cedidos por Fiscalía, se han conseguido 28 fallos condenatorios por cambios de uso del suelo, 16 por construir balsas de riego o pozos y 6 por extracción de agua.

Esta investigación se cerró el 16 de junio de 2017

España está obligada por la Comisión Europea a proteger adecuadamente el Parque Nacional y Natural de Doñana, al amparo de la Red Natura 2000. Y para ello recibe fondos especiales de financiación, aunque según los expertos estas ayudas no impiden que el humedal declarado Patrimonio de la Humanidad se encuentre amenazado por la acción humana.

Especies en peligro de extinción como el lince ibérico y aves protegidas de toda Europa que viven o invernan en Doñana justifican la importancia de respetar la Directiva de Aves y la Directiva de Hábitats. Ambas son de carácter comunitario y de obligado cumplimiento.

A pesar de ello, las singularidades del espacio de Doñana dificultan la búsqueda del equilibrio entre las actividades económicas y la conservación natural, principalmente en el caso de la agricultura intensiva de regadío.

El coordinador del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) en Doñana, Juan José Carmona, asegura que el modelo de explotación agrícola predominante en en el entorno de este humedal es inviable. Sobre todo por la escasez de recursos de agua disponibles y los problemas que causará el cambio climático a largo plazo.

“El robo de agua en Doñana es un tema importante para la conservación de la Red Natura 2000 porque tiene impacto en los ecosistemas. Se producen cambios de vegetación y están desapareciendo lagunas temporales donde antes había agua todo el año y ya no existen”, expresa.

Carmona señala además la fragmentación del territorio como un grave problema para todas las especies terrestres. “Si conviertes Doñana en una isla no puede haber intercambios con otras zonas, algo que históricamente ha sido importante”, añade.

Este punto de vista es compartido por el responsable de políticas ambientales de la Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife), Roberto González, quien se muestra convencido de que lo que ocurre en Doñana no ocurre en la mayoría de los humedales. “Se trata de un problema no solo de modelo agrícola, sino también del modelo territorial y socioeconómico”.

González opina que “todo lo que ocurra en un Parque Nacional debería estar supeditado a la protección de ese lugar”. No cree que esto se cumpla en el caso de Doñana, donde “la situación de dejadez ha provocado que el problema derive en un conflicto de intereses”.

El coste de proteger Doñana

No hay un fondo específico para financiar la Red Natura 2000. La Comisión Europea establece que cada país obtenga la financiación necesaria a través de fondos ya existentes para desarrollo rural, agricultura, pesca, medio ambiente, biodiversidad o cambio climático.

El Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 en España en el periodo de financiación 2014-2020 recoge un estudio que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) realizó en 2007 para hacer una estimación de las necesidades de financiación para gestionar la Red Natura 2000.

Tomando como referencia el coste de gestión por hectárea y actualizando el importe a enero de 2017 con la variación del Índice de Precios de Consumo (IPC), el precio estimado sería de 93 euros por hectárea en el medio terrestre.

De esta forma, gestionar las más de 128.000 hectáreas de Doñana catalogadas como Red Natura 2000 requeriría casi 12 millones de euros anuales.

Este medio de comunicación realizó solicitudes de acceso a la información ambiental por la Ley de Transparencia y el Convenio de Aarhus para conocer los fondos europeos recibidos por España para la conservación de Doñana.

De acuerdo con la información recopilada, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) recibió algo más de cuatro millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con esta finalidad. Casi nueve de cada diez euros de este dinero se gastaron en un mismo lugar: la finca “Las Marismillas”.

Un palacio destinado a funciones de representación institucional del Estado y al desarrollo de actuaciones piloto en materia de conservación de la biodiversidad. Aunque más conocido es su uso como residencia vacacional de la mayoría de los presidentes del Gobierno que ha tenido España.

El casi medio millón de euros restante de fondos FEDER se empleó en actuaciones relacionadas con la conservación del lince ibérico. Concretamente para el mantenimiento y reforma del centro de cría en cautividad del lince ibérico de “El Acebuche”, dentro del propio Parque Nacional.

Este mismo organismo, que depende del Mapama y centraliza la gestión de todos los parques nacionales españoles, recibió además fondos del Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) para la preservación de este mamífero: más de 320.000 euros en los últimos diez años (2006-2016). Se invirtieron en obras de mejora de hábitats del lince, así como en fomento y suministro de conejos para su alimentación.

Ningún otro departamento del Ministerio aportó información adicional sobre fondos europeos recibidos e invertidos en la protección de Doñana, por lo que no puede afirmarse que las cantidades indicadas sean las únicas destinadas a este fin.

A nivel nacional, los presupuestos del Mapama cuentan con una partida que incluye la inversión directa en Red Natura 2000, como la denominada “Fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza”.

En el periodo 2007-2013 esta partida recibió una financiación de 628 millones de euros en fondos estructurales europeos, (FEDER y Fondo de Cohesión), según datos publicados en la memoria “Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2015”.

Una vez más, este importe no refleja el total de fondos europeos destinados por el Ministerio a la protección de la superficie nacional Natura 2000, porque hay otras partidas relacionadas con la gestión forestal o el agua que también podrían revertir en la conservación de la red.

El lince, principal representante de la fauna amenazada

Además de velar por la protección de los tipos de hábitats terrestres y marinos más valiosos, la Red Natura 2000 aboga por la conservación de las especies animales que se encuentran en mayor situación de peligro. En ese grupo está el lince ibérico, especie emblemática de nuestro país y uno de los felinos más amenazados del planeta.

La apuesta institucional para lograr su supervivencia es el proyecto LIFE+ Iberlince, promovido y cofinanciado a nivel europeo con fondos LIFE.

En palabras de su director, Miguel Ángel Simón, la principal amenaza para el lince ibérico es “la falta de conejos, el plato favorito de su dieta y por el que compite con aves como el águila imperial o el buitre negro”.

“El motivo es una enfermedad hemorrágico-vírica que ha diezmado las poblaciones de conejo. Parte del proyecto ha ido encaminado a recuperarlas. Y funcionó bien hasta que en 2012 apareció esta enfermedad, mutó y acabó con el conejo, obligándonos a empezar de nuevo”, explica con detalle.

Según Simón, esto explicaría por qué el censo de linces en Doñana aumentó cada año y sin interrupción desde 2007, hasta llegar a los 93 ejemplares en 2013 y posteriormente iniciar un descenso de tres años consecutivos.

Por su parte, Juan José Carmona, de WWF, coincide con este diagnóstico de la actual situación de “estancamiento de la población de linces en Doñana”. Y añade otros riesgos para la especie como los atropellos en la carretera o la pérdida de su hábitat por culpa de la fragmentación del territorio provocada por la dispersión de fincas agrícolas.

“Los linces de Doñana necesitan un aumento de corredores naturales, tanto para moverse internamente por la comarca como para conectarse con otras poblaciones de linces al norte. Si no, la población se va a quedar totalmente aislada”, asegura.

Carmona defiende que todos estos problemas están relacionados entre sí. “Un lince necesita un conejo al día. Si no lo encuentra, necesita desplazarse más, con los riesgos que conlleva de ser atropellado o caer en balsas de riego”, apunta.

A pesar de todos los peligros con los que la especie tiene que lidiar para prosperar en este territorio, concluye que “la situación se está logrando revertir gracias a los esfuerzos realizados por el proyecto Iberlince de LIFE y la cría en cautividad, que han demostrado ser una medida magnífica para su recuperación”.

Esta investigación se cerró el 16 de junio de 2017

Se llama ‘proyecto Marismas’ y tiene a las organizaciones ecologistas en pie de guerra. Al frente del mismo está Petroleum Oil & Gas, una filial de Gas Natural Fenosa que trabaja en la construcción de un almacén de gas en los aledaños del Parque Natural de Doñana. En juego está la conservación de uno de los espacios protegidos más importantes de España y Europa.

Tras una primera fase de extracción de reservas adicionales de gas natural a 1.000 metros de profundidad, la compañía lo almacenará en depósitos naturales del propio yacimiento. Cuando esté operativo, su capacidad de almacenamiento será de 10.000 gigavatios por hora (GWh), equivalente a un tercio de todo el gas natural almacenado en España.

Para funcionar y hacer posible este objetivo será necesaria una red de 72 kilómetros de gasoductos, incluyendo tuberías y pozos, de los cuales 13 ya existían previamente, 37 requieren una renovación y 22 kilómetros serán de nuevo trazado. El coste total del proyecto rondará los 200 millones de euros, según la multinacional energética.

La infraestructura cuenta con la aprobación estatal del informe de impacto ambiental, a pesar de la unanimidad ecologista sobre las consecuencias ambientales que puede ocasionar.

El fundador y portavoz de Equo, Juan López de Uralde, pone en duda la validez de esta declaración de impacto ambiental y dice que el proyecto energético incumple la normativa europea al dividirlo en cuatro partes cuando debería estudiarse en su totalidad.

“Trocearlo es un truco, una estrategia para enmascarar los impactos más graves y de esta manera conseguir que se vaya aprobando por partes. Es una forma de eludir la legislación europea”, explica.

Posturas enfrentadas entre Andalucía y España

La división de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del ‘proyecto Marismas’ en cuatro partes se hizo por zonas: Marismas Occidental, Aznalcázar, Saladillo y Marismas Oriental. Algo que no convence a las organizaciones ecologistas ni a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

Según la responsable de comunicación de Gas Natural Fenosa en Andalucía, Penélope Falcón, “la tramitación en cuatro partes no es una decisión de la compañía”.

“Todos los proyectos tienen la DIA positiva –a través del Ministerio de Medio Ambiente- y dos de ellos cuentan con la autorización de la Junta de Andalucía”, indica refiriéndose a los de Marismas Occidental y Aznalcázar. “El resto está pendiente de autorización”, precisa.

El ‘proyecto Marismas’ sigue adelante y la compañía energética defiende que lo hace sin objeciones desde Andalucía, a pesar de la postura contraria que la Junta mantiene de forma oficial a través de su consejero de Medio Ambiente, José Fiscal.

“No estamos de acuerdo con la división del proyecto en cuatro partes. Consideramos que se trata de uno solo y habría que analizar su influencia en el entorno de forma conjunta”,  explica en una entrevista concedida a este medio. “Además, entendemos que Doñana no es el sitio más indicado para hacer un almacén subterráneo de gas”.

Fiscal desvela que se ha reunido con el comisario europeo de Medio Ambiente para tratar este asunto y pedir que se le exija al gobierno español “una evaluación de riesgos ambientales de manera conjunta y no por separado”.

Energía contra conservación

Gas Natural Fenosa niega también a través de Falcón que el almacén de gas perjudique a la conservación del espacio protegido, amparándose en las evaluaciones favorables de impacto ambiental.

“Ninguno de los proyectos está dentro del Parque Nacional. Aun así, en las autorizaciones se ponen condiciones para no afectar a la fauna y la flora. Por ejemplo, las obras se realizan fuera de los periodos de cría, desde después del verano hasta final de año”, argumenta.

En esto tampoco está de acuerdo López de Uralde, quien deja claro el punto de vista de Equo al respecto. “En el subsuelo no existen límites. Doñana es un ecosistema único y el gas se acumula en las lindes del parque, por lo que el impacto ecológico es el mismo”, declara.

“Doñana es la joya ambiental de España y usar su suelo como almacenamiento de gas es una enorme irresponsabilidad. La aprobación de este proyecto es irracional y absolutamente incompatible con las obligaciones que España tiene de proteger Doñana”, denuncia, añadiendo que “la Red Natura 2000 se creó para proteger los espacios naturales precisamente de este tipo de proyectos”.

El parlamentario vasco y exdirector de Greenpeace España destaca el riesgo de terremotos como una de las amenazas potenciales del proyecto y advierte de que todo lo que ocurra en la zona, incluidos “los movimientos sísmicos por acumulación de gas”, puede afectar negativamente al acuífero “con efectos que se desconocen”.

Se suma a esta opinión el vicedirector de investigación de la Estación Biológica de Doñana, Jordi Figuerola. Aclara que en Doñana se extrae gas natural desde hace años, pero detalla que con el ‘proyecto Marismas’ se cambiará la actividad de extracción por otra de inyección de gas, cuyos riesgos podrían ser mayores. “No creemos que los riesgos asociados a la inyección de gas estén bien evaluados en la Declaración de Impacto Ambiental, que se ha centrado en las tuberías y la extracción”, señala.

Junto a las amenazas mencionadas, los representantes de las organizaciones conservacionistas y los partidos ecologistas apuntan al cambio climático como el gran enemigo en un futuro cada vez más cercano.

López de Uralde ve en él “un fenómeno global al que Doñana no puede ser ajeno”, ya que existen “evidencias en aspectos como la evolución de la cantidad de agua en superficie, los cambios de temperatura que afectan al hábito de la fauna, la evaporación o la modificación de las rutas de las aves migratorias”.

El dragado del Guadalquivir

Otro proyecto de envergadura previsto en el ámbito del espacio protegido andaluz es el dragado de profundización del Guadalquivir, que empezó a plantearse en 1999 y que hasta 2017 ha mantenido en jaque a las administraciones españolas frente a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y diferentes organizaciones ecologistas.

Mejorar la navegación hasta el puerto de la capital andaluza para las embarcaciones de mercancías era el principal argumento esgrimido por sus promotores, encabezados por la Autoridad Portuaria de Sevilla.

La presión de la Unesco, materializada en la posibilidad de incluir Doñana en su lista negra de Patrimonio de la Humanidad si el proyecto llegaba a materializarse, dio sus frutos y en marzo de este año el Senado decidió suspender el dragado del río.

Sin embargo, el coordinador del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) en Doñana, Juan José Carmona, no cree que este capítulo se haya cerrado definitivamente y advierte de que “el puerto de Sevilla sólo ha manifestado que suspende cualquier intento de hacer el dragado hasta 2020”.

Carmona cree que la ejecución del dragado “rompería el equilibrio del río Guadalquivir” en Doñana. “Produciría más sólidos en suspensión que dificultarían la entrada de luz solar en la lámina de agua, algo necesario para que produzca vida”.

La vida es precisamente lo más preciado que alberga Doñana, donde la conservación de la naturaleza y la biodiversidad es tema de discusión internacional con el único objetivo de hacer de ella una tierra protegida.

Esta investigación fue realizada en el marco del Máster de Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos y la Escuela de Periodismo y Comunicación de Unidad Editorial. Fue asesorada y editada por Paula Guisado.

Surge con el objetivo de conocer los problemas que afectan al espacio protegido de Doñana y su gestión por parte de la sociedad civil y administraciones.

El trabajo se desarrolló en un periodo de cinco meses y está basado en el estudio de las normativas de ordenación del territorio, directivas europeas relativas al agua y a la conservación de los hábitats, normativas sobre la Política Agraria Común, Red Natura 2000 y sentencias judiciales, expedientes sancionadores y bases de datos sobre pozos, transformación del terreno, subvenciones europeas a la agricultura, censo de linces, presupuestos de los fondos FEDER y LIFE y producción y exportación de la fresa.

Asimismo realizamos 42 peticiones de información dirigidas a los diferentes organismos públicos implicados a través de la Ley de Transparencia 19/2013 y la Ley 27/2006 de acceso a la Información Medio Ambiental . Se obtuvo una respuesta exitosa de 7 de ellas.  

Todos los datos han sido analizados con Excel y se han utilizado las siguientes herramientas de visualización: Illustrator para infografías y mapas, Tableau y Hype para visualizaciones interactivas.

Realizamos dos viajes a la provincia de Huelva en los meses de abril y mayo (siete días en total) para conocer de primera mano la problemática en la zona.

En total, hemos mantenido más de 30 entrevistas con agricultores, administraciones y expertos en el tema. No obstante, al cierre de esta investigación no se han pronunciado al respecto ni Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ni Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

La investigación no habría sido posible sin la ayuda de Paula Guisado.

Cecilio Galdón

Yuly Jara

Juan Manuel Leralta

Adela Vived